Estaba previsto que los coches de gasolina y diésel dejaran de venderse en 2035, pero la normativa Euro 7 pone en cuestión su viabilidad 10 años antes.
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La normativa Euro 7 de la Unión Europea supondrá la condena definitiva para los vehículos de combustión, es decir, de gasolina y diésel. Las autoridades europeas quieren prohibir la venta de estos vehículos a partir de 2035, de modo que solo podrían comercializarse aquellos de emisiones cero como los eléctricos o los que funcionan mediante hidrógeno.
No obstante, la normativa Euro 7, que está previsto que entre en vigor a finales de 2025, precipitará los acontecimientos. Esta legislación no prohíbe su venta, pero impone unas restricciones tan fuertes que hace que los modelos sin electrificar no sean viables por el elevado coste que supondría su adaptación.
Se trata de una de las normas establecidas por la Unión Europea para reducir los niveles de contaminación atmosférica. Estas restricciones comenzaron en 1987 con la norma Euro 0 y desde 2019 está vigente la número 6d que establece un máximo de emisiones de óxidos de nitrógeno de 80 miligramos por kilómetro en el caso de los vehículos diésel y de 60 miligramos en los de gasolina. Además, obliga a equipar todos los motores diésel con filtro de partículas y AdBlue.
Los motores diésel tendrán muy complicado adaptarse al siguiente avance, ya que la Euro 7 establece una reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno de hasta un 50% con respecto a los parámetros actuales. Para los motores de gasolina se prevé una reducción de hasta un 40%, aunque en este caso, habría alguna posibilidad de mantener su fabricación instalando un filtro de partículas, que sería más viable que las costosas alternativas existentes para los motores diésel. Además, están previstos unos límites estrictos a la emisión de monóxido de carbono, metano, amoniaco y CO₂.
Para controlar el consumo efectivo de combustible de un vehículo ya es obligatorio un software de medición, el OBD, que se instala en la centralita. Esta normativa mantiene este sistema y endurece las condiciones ya que exigirá que las cifras homologadas se mantengan durante 240.000 kilómetros o al menos 15 años. En caso de que se superen sería necesario reparar el coche para devolverlo a los parámetros originales.
También están sobre la mesa otros aspectos como la reducción de las partículas generadas por los frenos y los neumáticos, ya que constituyen otra de las fuentes principales de contaminación, en especial, en zonas urbanas. Si finalmente la Euro 7 incluye estas restricciones, los fabricantes de estos componentes también tendrán que realizar importantes inversiones y adaptar el proceso productivo a estos nuevos estándares.
La fecha en la que comenzará a funcionar esta normativa es una de las principales incertidumbres. Estaba prevista para 2021, pero sufrió un primer aplazamiento que marcaba hasta el 20 de julio de este 2022. Un plazo que tampoco se ha cumplido, ya que la Comisión Europea la retrasó hasta este otoño, sin que de momento haya una fecha fija. Con estos tiempos sobre la mesa lo más probable es que no entre en vigor hasta finales de 2025 e incluso 2026.
En principio los vehículos que ya estén en circulación no tienen que preocuparse porque no estarán obligados a actualizarse, ya que la Euro 7 solo afectará a las nuevas matriculaciones.
Los retrasos ya están generando los primeros problemas. Los fabricantes muestran su preocupación porque, de entrar en vigor en 2025, creen que no tendrán tiempo suficiente para adaptar los sistemas actuales a las severas restricciones medioambientales que impondrá la normativa Euro 7.
En este sentido, insisten en la necesidad de conocer cuanto antes el contenido de la norma para poder reorientar sus inversiones y evitar importantes pérdidas durante los próximos años, ya que los motores diésel, tal y como los conocemos hoy en día, dejarán de ser rentables y, en gran medida, los de gasolina también.
Por su parte, la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) asegura que los motores de combustión seguirán funcionando durante años, y subraya que la transición hacia un sistema neutro a nivel medioambiental requiere, en primer lugar, medidas políticas “coherentes”. De hecho, proponen alternativas más laxas para reducir las emisiones, como el uso de combustibles sintéticos o biocombustibles, o una mayor eficiencia de los motores que se fabrican.
Claudia Carrascal
Periodista, responsable de comunicación
Tasarauto Global Services
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